Hace unos días escribimos un artículo a propósito del discurso de nuestro presidente y decíamos, para sorpresa de muchos de nuestros amigos, que Leonel había “llenado nuestras expectativas” y que no nos había decepcionado. Esto así, porque solo quien tiene expectativas puede ser decepcionado. Como no esperábamos nada, se llenaron nuestras expectativas. Fue exactamente lo que esperábamos: Nada.

En el caso de la sentencia de la suprema corte de justicia nos pasó lo mismo y aun mas, llegamos a escribir un artículo el día antes del fallo en el que nos preguntábamos ¿se vendió la suprema?

Lo que si se ha demostrado es que en el mismo país que no tiene instituciones que soporten que el hijo del vicepresidente de la suprema sea capturado piloteando una avioneta sin plan de vuelo, al estilo de los narcos y con 600,000 dólares en efectivo no puede haber instituciones que resistan que el presidente de la republica sea declarado violador consuetudinario de la constitución, aunque lo sea.

La suprema falló por miedo a perder sus puestos y su poder, ante la inminente reforma constitucional y ha abierto la puerta para que precisamente eso suceda, pues la sociedad esta repudiando una sentencia ilógica, peligrosa, cobarde, incoherente y que crea un precedente funesto.

Ilógica, pues se basa en que el artículo 67 de la constitución establece que quines pueden ejercer una acción constitucional son “los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada” y declara que la “parte interesada” son los mismos presidentes de las cámaras. Si el legislador hubiera previsto que “parte interesada” fueran los mismos que se citan antes de decir “parte interesada” no tenia sentido agregar este termino. ¿Para que la redundancia?

Peligrosa porque permite que el presidente pueda, de ahora en adelante, endeudar al país libremente, sin tener que pasar por el congreso y no permite que nadie pueda reclamar, pues solo los presidentes de ambas cámaras, ambos del partido de gobierno, lo hagan.

Cobarde, porque en su pagina 11 reconoce que el contrato es inconstitucional, como todos sabemos cuando dice que “…ciertamente, como ha sido alegado en la especie, el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional…”

Incoherente, pues como también alegan los que sacaron la cara con el voto disidente, esa no ha sido la opinión de la suprema en otros casos de inconstitucionalidad que han sido conocidos a instancias de particulares.

Crea un precedente funesto, pues si los ciudadanos no pueden reclamar la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento, ordenanza o norma deja a la población en un estado de indefensión absoluto ante un gobierno que ha dado muestras de autoritarismo e irrespeto al orden jurídico y al estado de derecho.

La suprema corte de justicia ha demostrado que si no tenemos cuidado podríamos estar bien encaminados hacia una dictadura