En el argot popular es común escuchar la expresión “lo que es de todos, no es de nadie” y parece ser que este dicho ha calado muy profundamente en las conciencias de los dominicanos y las dominicanas. El hecho queda evidenciado por el destartalo en que están todas las cosas e instituciones dominicanas, del estado, de los dominicanos.

Basta con ver en que condiciones están los autobuses de la OMSA. Algunos con menos de 5 años ya parecen chatarras listas para llevar a METALDOM. Lo mismo pasa con los hospitales y da pena que estén en la condición de abandono en la que se encuentran, con todo y los intentos que se han hecho para rescatarlos. De las escuelas publicas ni que hablar, pues muchas no servirían ni como almacenes, mucho menos para albergar a los estudiantes que buscan el pan de la enseñanza.

Pero la situación trasciende el problema institucional. Los servicios públicos dejan mucho que desear, y hasta parece que es un favor que nos hacen en las instituciones donde se buscan servicios. Parece que no son empleados que están siendo pagados con los impuestos que pagamos. A los hospitales públicos solo van los que no tienen ninguna otra opción, porque el servicio es tan depresivo que aun aquellos que no tienen con que, prefieren ir a una clínica privada aunque tengan que empeñarlo todo en la casa.

La educación pública no es mejor, pareciera que como los padres (En muchos casos) no pagan una mensualidad directamente a la escuela, no tienen derecho a que sus hijos reciban una educación de calidad y un respeto a su dignidad. Muchos de estos pseudo-maestros solo están allí para recibir el muy mal pagado sueldo y para desquitárselo con los estudiantes.

Todas estas instituciones son de todos. No es cierto que sean de nadie.

Somos dueños de esas instituciones y de esos servicios. Hasta que no entendamos que los empleados públicos son empleados nuestros porque se les paga con nuestros impuestos y que los servicios públicos nos pertenecen porque se pagan con nuestro sudor, no habrá un cambio significativo en las cosas públicas. No podrá haberlo mientras no sintamos que tenemos derecho a reclamar más por nuestro dinero.